Llegó la hora para la eficiencia energética y las energías limpias en Colombia

Imagen

Por: Juan Carlos Rosero Gómez

La eficiencia energética (EE) es una de las mayores fuentes de energía del siglo XXI, equivalente a si la ciencia descubriera una nueva fuente de energía que lograra satisfacer entre el 15% y 20% de la demanda global, a un costo prácticamente nulo y sin ningún impacto medioambiental (Constance, 2014). Tanto los gobiernos como las empresas, la banca, la ingeniería y los fabricantes de tecnología tienen claro que este es un eje para la transformación productiva y el desarrollo sostenible.

La utilización de las fuentes de energía limpias (llamadas en Colombia Fuentes de Energía No Convencionales Renovables o FNCER) es por su parte, una necesidad creciente en los países comprometidos con metas de obligatorio cumplimiento en reducción de emisiones potencialmente generadoras de calentamiento global.  En otros países, es una condición de supervivencia por ser especialmente vulnerables al cambio climático, como es el caso de Colombia, dada la ubicación de su población en zonas inundables de las costas y suelos inestables en las cordilleras y la alta recurrencia y magnitud de desastres asociados al clima (IDEAM, 2010).

Colombia parece estar lista para enfrentar estos desafíos. Desde hace más de una década existe la Ley 697 de 2001 mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía y se promueve la utilización de energías alternativas; el Decreto 3683 de 2003 creó la Comisión Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes No Convencionales de Energía (CIURE); el Ministerio de Minas y Energía (MinMinas) adoptó el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales (PROURE); se expidió en mayo la Ley 1715 de 2014  “Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”; la banca pública, la banca multilateral, las agencias de cooperación y la banca privada han destinado varios cientos de millones de dólares por año a programas de eficiencia energética.

También las empresas parecen estar enfocadas. Más de 410 empresas han firmado el Pacto Global de las Naciones Unidas, en cual el medio ambiente es uno de sus 10 principios fundamentales; al menos 37 se han comprometido con el desarrollo sostenible y la ecoeficiencia como miembros del World Business Council for Sustainable Development; el gobierno nacional impulsa la creación de una agencia nacional de eficiencia energética y la investigación en ciencia, tecnología e innovación en generación con fuentes no convencionales de energía renovable en las Zonas No Interconectadas (ZNI); los gremios de la industria han firmado compromisos de entendimiento y desarrollo de casos demostrativos y todo prestador de servicios públicos de energía está obligados por la Ley a promover el uso racional y eficiente de la energía, en el desempeño de su objeto social.

Sin embargo, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), formulada en 2010 sobre el supuesto de que Colombia ya era un país carbono-eficiente (lo anterior considerando que para 2008, el 84% de la generación provenía de fuentes consideradas “limpias”) interpretó otras señales, por las cuales los sectores del transporte y agrícola requerían una atención prioritaria para la formulación de las Medidas Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMA). Esto era parcialmente cierto, pero se desestimaron los costos ambientales y sociales asociados a la construcción de grandes hidroeléctricas y los mecanismos de subasta de energía firme con ganadores a base de combustibles fósiles; a nivel global, la industria, incluidos los edificios industriales, es responsable del 33% de todo el consumo energético, seguida por el transporte con 28%, el consumo residencial con el 21% y los edificios con el 18%; si se suman la industria, el residencial y los edificios comerciales, tales como oficinas, escuelas, hospitales y tiendas, se tiene el 72% de todo el consumo energético (Schneider Electric, 2014).

Interpretaciones como estas, pudieron haber retrasado innecesariamente el desarrollo de políticas y regulación enfocadas en la eficiencia energética y las FNCER. Así, mientras los mercados maduros incluyendo Norteamérica y Europa, con creciente demanda energética y recursos limitados, desarrollaron su  legislación para reducir la demanda, abrir alternativas y mejorar la seguridad energética, en Colombia, la EE no cuenta hoy con incentivos de orden regulatorio, fiscal o ambiental efectivos y las FNCER se han limitado como soluciones de innovación para las ZNI del país, en donde sólo los costos de la ineficiencia pueden absorber los costos de la tecnología.

La necesidad de actuar en el corto plazo no podría ser mayor. El IDEAM (2014, 10 de marzo) ha alertado que las probabilidades de enfrentar un Fenómeno del Pacífico (conocido también como Fenómeno del Niño) especialmente seco en el segundo semestre de 2014 han superado el 50%. Aún están frescos los efectos de las señales atípicas de deterioro climático en los Llanos Orientales y la costa Atlántica del país en el primer trimestre del año, y el país reclama que las estrategias de adaptación al cambio climático pasen de la reacción a las crisis, al establecimiento proactivo de medidas definitivas y sostenibles.

¿Por qué, entonces, en Colombia no se nota un boom de proyectos que busquen como objetivo una producción más eficiente en términos de energía? ¿Por qué las empresas no toman decisiones enfocadas en la sustitución de fuentes de energía ambientalmente costosas por fuentes renovables? ¿Por qué no se evidencia un incremento sustancial de la participación de las fuentes sostenibles de energía en la canasta energética del país? ¿Por qué no hay más empresas en el país invirtiendo en reconversión industrial e innovando mediante la suscripción de contratos de riesgo compartido con especialistas de talla mundial?

La hipótesis a probar es que existe un motivador fundamental de las decisiones de los empresarios, la cual consiste en la búsqueda racional de la rentabilidad. Si los empresarios dejaran de tomar sus decisiones basados en este principio, la sostenibilidad de la economía quedaría comprometida; de igual manera, mientras los empresarios inviertan en conservación y eficiencia como un valor al margen de sus utilidades, sin aprovechar la potencia de generar desarrollo conjunto con su entorno mediante principios de valor compartido, sus proveedores, clientes y comunidad carecerían de sostenibilidad.

Es necesario abordar la EE y la profundización de la participación de las FNCER desde estas dos perspectivas. Entre tanto, la ingeniería, la metodología y las fuentes de financiación ya hacen parte del estado del arte. Se necesita una gerencia financiera de la economía energética capacitada para identificar, valorar y optimizar los costos y beneficios de la inversión, el período de recuperación o payback de lo invertido y sus costos asociados, el aumento de la productividad resultante, el aumento de la competitividad, los impactos en la sostenibilidad y las proyecciones de crecer conjuntamente el negocio con sus proveedores, clientes, comunidades y medio ambiente de interés.

Esta dinámica puede ser liderada por el ejemplo demostrativo del Estado. Todos los edificios públicos nuevos pueden ser sujetos de una política de edificación bajo estándares de sostenibilidad, mientras que cientos de edificios antiguos pueden ser remodelados y certificados, como parte de las metas del presupuesto público y el nuevo Plan de Desarrollo 2014-2018. Entre tanto, servicios como la implementación de procesos de gestión de energía bajo el estándar de la norma ISO 50001 de eficiencia energética y certificación de buenas prácticas mediante estándares, regulaciones y protocolos de medición y verificación serán una necesidad pública en los próximos años.

Todos estos son drivers que pueden conducir a un verdadero auge de la eficiencia energética y el uso de fuentes no convencionales renovables de energía en el país, para lo cual se requiere el liderazgo del Ministerio de Minas y Energía, en alianza con el sector productivo, la academia, las empresas los gremios y las instituciones al frente del aseguramiento de la calidad, el management y los procesos.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s