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Producción nacional y mercado interno del carbón en Colombia

Transporte Carbón

Transporte Carbón

Como consecuencia de la crisis mundial del petróleo de 1973 cuando el carbón se conformó como recurso energético estratégico, Colombia adoptó políticas mineras que le permitieron entrar a la explotación de la gran minería de carbón con vocación exportadora. En la década de 1970 la producción del carbón presentó tasas de crecimiento significativas: pasó de producir 2´500.000 toneladas en 1970 a 4´250.000 toneladas en 1980. En 1985 Colombia incursionó en la gran minería de exportación de carbón, y a partir de entonces, en el mercado del carbón interno, el sector eléctrico se consolidó como uno de los principales consumidores de carbón con la entrada en operación de las generadoras de Paipa II y Zipa III.  De la misma manera, aumentó la demanda de carbón en las industrias de cementos y de ladrillos, de alimentos y bebidas, textil, metalurgia y papel.

A comienzos de la década de 1980 se incorporó al sistema eléctrico nacional las generadoras de Termo Tasajero, la unidad III de Paipa.  Con ocasión del racionamiento de energía eléctrica de 1992 y 1993, asociado con el fenómeno del niño, el consumo interno de carbón para generación de electricidad alcanzó cifras récord, que recalcó la relación entre los picos de la demanda total de carbón y los picos en los consumos del energético por parte del sector eléctrico. Así mismo un incremento importante en la producción de cemento durante 1993 ocasionó aumentos significativos en el consumo del energético en esta industria y por consiguiente en el total nacional.

Durante el mismo periodo se inició el desarrollo  de la gran minería del carbón en el país, cuyo objetivo fundamental era el de exportarlo a los mercados internacionales. Entre 1982 y 1985 entraron en operación dos grandes proyectos mineros a cielo abierto en el Departamento de la Guajira: Cerrejón Central y Cerrejón Zona Norte, lo que ocasionó que la producción total de carbón en el nivel nacional y su distribución regional se modificara. La costa Atlántica pasó a explotar en 1985 el 43.7% del carbón del país y el  77% para 1995.

La gran minería en Colombia se consolidó a comienzos de 1990 con la entrada en operación de los contratos del RTZ – Reino Unido y Drummond de las áreas carboníferas Oreganal en el departamento de La Guajira, y La Loma  en el Departamento de Cesar respectivamente, y con los procesos de integración minera de la región de La Jagua de Ibirico en el Departamento de Cesar.

Debido a la calidad del carbón colombiano y de su competitividad en el mercado mundial que le ha permitido a las empresas mineras colocar los volúmenes de exportación previstos, el incremento de la producción y las exportaciones de carbón lograron que éste esté situado entre los principales productos de exportación colombianos a partir de década de 1990.  Los principales mercados internacionales son los Estados Unidos y la Unión Europea.

Según la UPME, Colombia posee las mayores reservas de carbón en Latinoamérica y es el quinto exportador de carbón térmico del mundo. El carbón colombiano es reconocido mundialmente por tener bajo contenido de cenizas y azufre, y ser alto en volátiles y en valor calorífico. Para la economía colombiana, el carbón se consolidó como el segundo renglón de exportación después del petróleo . Los carbones colombianos son básicamente carbones duros (térmico, metalúrgico-coquizable y antracitas). El carbón térmico representa el 97% de la producción y de las exportaciones. Actualmente existen 8 zonas (distritos) de explotación carbonífera con reservas de carbón de diferentes tipos.

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Funciones del Estado en materia de minas en Colombia: Marco Legal

Normatividad eficiencia energética | Aid Territorial - Voz a Voz Manager

La Ley 685 de 2001 expidió el Código de Minas el cual regula las relaciones entre los organismos y entidades del Estado y de los particulares entre sí, en relación con las actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, aprovechamiento y comercialización de los recursos no renovables – RNNR que se encuentren en el suelo o subsuelo, así sean de propiedad de la nación o privada.

El Ministerio de Minas y Energía – MME es quien señala las zonas de uso exclusivo para la agricultura y la ganadería, las reservas ecológicas y las que presenten incompatibilidad para el desarrollo de la actividad minera según el Código Nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente, Decreto 2811 de 1974.

Adicionalmente, el MME debe señalar y delimitar las zonas de explotación de hidrocarburos y minerales dentro de territorios de las comunidades indígenas y negras, que se rigen por el artículo 125 del Código de Minas y artículo 27 de la Ley 70 de 1993, zonas en las cuales la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables deberá hacerse bajo condiciones especiales sobre la protección y participación de estas comunidades, con el fin de preservar sus características culturales y económicas. Este mecanismo de participación está dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT y se conoce como la consulta previa.

En relación con las actividades mineras, al Estado Colombiano le corresponde facilitar, promover y fiscalizar la actividad minera. Para ello debe conocer el potencial geológico, cuya información debe ser de alta calidad y pertinente, de libre y fácil acceso, y definir las zonas potenciales de interés minero para atraer los inversionistas.

El Estado debe dictar normas claras y procedimientos precisos para que el inversionista minero cuente con estabilidad jurídica sobre los temas mineros, ambientales, laborales, tributarios, procedimientos y trámites administrativos relacionados con el ciclo minero, entre otros.

Es el Estado quien debe formular las políticas públicas sectoriales sobre el desarrollo de la infraestructura y acceso marítima, portuaria, fluvial, férrea, vial, de comunicaciones y de servicios públicos para garantizar la ejecución de  con potencial minero y hacer competitiva la comercialización de minerales del país.

Es responsabilidad del Estado y de las comunidades organizadas vigilar la transparencia y las mejores prácticas del sector minero e incentivar los mecanismos de veedurías y control social con comunidades capacitadas y educadas para conocer derechos y deberes relacionados con la actividad minera. Es el Estado quien debe articular el plan nacional de desarrollo minero con los planes de ordenamiento territorial –  POT y declarar los distritos mineros.

Para maximizar los beneficios del sector, el Estado debe apoyar la productividad y competitividad de la actividad minera de manera tal quese creen condiciones favorables y se aprovechen los recursos mineros del país. Para logra tal fin el Fondo Nacional de Regalías – FNR orientó la ejecución de proyectos en materia de desarrollo tecnológico, producción limpia y eficiente, conocimiento de mercados y generación de valor agregado.

En Colombia existen varios instrumentos económicos, financieros y tributarios para gravar actividades económicas que impactan el ambiente, como son el cobro por el uso del agua o las transferencias del sector eléctrico, así como para incentivar inversiones con impactos positivos en el medio ambiente o en la gestión integral de los recursos naturales.

El Estado debe verificar que los proyectos mineros cumplan con las obligaciones contraídas por Ley en materia económica, social y ambiental y debe garantizar que se le retribuya las regalías y contraprestaciones pactadas en los contratos mineros, garantizando el recaudo y la distribución de regalías entre los entes territoriales.

Le corresponde al Estado controlar de manera efectiva la ilegalidad minera debido al alto impacto negativo que causa  en el ámbito ambiental, económico, social y laboral del país.

La responsabilidad en la explotación de recursos naturales no renovables es de todos

Actividades RNNR
Actividades RNNR

En general, los RNNR se ubican en ecosistemas en donde las restricciones de agua o las condiciones climáticas y topográficas limitan la actividad del territorio a la explotación exclusiva del RNNR, sin presencia de otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería, de manera tal que la ubicación y la forma en que se encuentra hace que se requiera de grandes inversiones para maximizar los beneficios económicos de su explotación, y que dado el monto de la inversión, son realizadas, en su gran mayoría por empresas transnacionales.

Es contradictorio que se postule la sustentabilidad en la explotación  de los recursos naturales no renovables cuando se entiende que un RNNR, aun antes de empezar a explotarlo, se agota. Por ello, es necesario precisar que la sustentabilidad de RNNR se plantea en base al modelo de explotación y de uso de los hidrocarburos y minerales de forma que tenga el menor impacto posible sobre el ambiente y la sociedad.

Los conflictos sociales surgen de la oposición de las comunidades aledañas a las vías de conectividad, poblados y otras zonas de influencia de la explotación de hidrocarburos o minerales y en contra de las actividades de explotación, acopio y transporte de la industria establecida en el territorio.

Transporte Carbón
Transporte Carbón

La organización comunitaria y las denuncias sociales frente a daños ambientales y otros relacionados con el desplazamiento de las zonas de explotación de RNNR, llevaron a que los reclamos de las comunidades se expresen de manera colectiva y exijan la evaluación de impactos y sanciones económicas de parte del Estado a las empresas causantes de daños ambientales y sociales.

Las problemáticas sociales surgen de la cotidianidad y relaciones entre habitantes de las poblaciones aledañas y las empresas y sus trabajadores. En general las comunidades pequeñas y aledañas a los yacimientos de hidrocarburos o minerales no tienen  economías de escala adecuadas  para proveer a las empresas allí presentes y a sus trabajadores de insumos y servicios. Tampoco tienen mano de obra adecuada y suficiente para atender las necesidades de la industria minera, de manera tal que las relaciones entre las empresas ligadas a la minería y las comunidades aledañas se articulan en dos fragmentos de la sociedad influenciada así: la primera, la beneficiaria directa, trabajadores de la industria minera, que gozan de ingreso, acceso al bienestar y a la tecnología, y, segundo la población sin trabajo directo en la mina, que está excluida de la salud contributiva, la educación y otros beneficios que ofrecen la industria minera. Los conflictos sociales son exponenciales e incluyen temáticas relacionadas también con la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas residentes en las zonas de explotación de RNNR.

Explotación de carbón en El César - Colombia
Explotación de carbón en El César – Colombia

Las tecnologías que permiten hacer rentable la explotación de hidrocarburos y minerales requieren de grandes cantidades de agua, de manera que el uso común de dicho recurso es otra fuente de tensión entre las comunidades y las empresas que realizan explotaciones de RNNR. También son razones de conflicto las emisiones de contaminantes del agua y aéreos, las afectaciones en la flora y fauna, el daño del patrimonio cultural, los cambios radicales sobre el paisaje, las parcelas y las viviendas,  y el transporte y circulación de cargas de producción e insumos en el territorio.

Por último, en el nivel político local los grandes proyectos de explotación de RNNR se conforman en actores corporativos críticos y potencialmente conflictivos, debido al volumen de las inversiones, la movilidad laboral y el impacto sobre las finanzas locales,  que interfieren de manera directa en la relación tradicional de la autoridad local.

Para minimizar riesgos financieros producto de sanciones ambientales y sociales, y con el ánimo de crear confianza sobre los beneficios de la explotación de RNNR sobre la manera de tratar las problemáticas descritas anteriormente, las empresas desarrollan estudios de impactos ambientales y sociales y planifican su mitigación con miras a la prevención de conflictos. Así, generan políticas corporativas ambientales, de gestión social y de ciudadanía corporativa, en torno a los distintos tipos de vinculación con los varios actores, con lo cual pretenden crear lazos de confianza y transparencia en su actuar en el ámbito local.

No podemos negar los avances en el reconocimiento de los impactos ambientales de la industria minero energética de Colombia, pero aún quedan muchos daños por reparar y actuaciones por las que responder. Es inminente la necesidad de explotar dichos RNNR, por algo su dueño es el Estado y se paga regalías sobre dichos recursos. Y la necesidad viene de nuestros hábitos de consumo. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, aquello construido por el hombre o sus propias máquinas, tienen algún RNNR. Piénselo. El teclado del computador, la pantalla del móvil, los ladrillos que lo cobijan, la máquina de afeitar, el empaque y el champú del pelo. Todo.

http://iliberisnigra.wordpress.com/page/3/
Algunos usos del petróleo

Como sociedad, como consumidores también tenemos responsabilidad en esos daños ambientales que le achacamos únicamente a quienes los explotan, sin cabida cuenta de nuestra dependencia y consumismo desmesurado.

Podemos cambiarlo. Sólo tenemos que entenderlo.